Consulta 130 – ¿Contradicción entre fechas en campos de SWIFT 31D, 48 y 42 P?

CONSULTA 130 Bajo  la referencia “consulta 130”, se incluyen dos consultas diferenciadas que subreferenciamos como: 130 a y 130 b CONSULTA 130 a : En relación al artículo 6 de …

CONSULTA 130

Bajo  la referencia “consulta 130”, se incluyen dos consultas diferenciadas que subreferenciamos como: 130 a y 130 b

CONSULTA 130 a :

En relación al artículo 6 de las UCP600 en un MT 700, emisión de un crédito documentario, ¿es aceptable establecer sin que entre en contradicción dos fechas diferentes en los campos 31D y 48 ¿

El consultante aclara la consulta  indicando que encuentra rechazo por parte de entidades financieras cuando pretende incluir en una apertura los siguientes datos:

Campo 31D: España 29.02.08;  en el campo 48: 10.02.08 y en el campo 42P: 30 días después de la fecha del conocimiento de embarque.

 

ANALISIS Y CONSIDERACIONES:

 

Los miembros del comité de expertos analizan la definición, contenido y práctica habitual bancaria de los campos del MT 700  a los que se refiere el consultante y

unánimemente consideran :

El campo 31 D, tiene presencia obligatoria y en el se especifica la última fecha para presentación de documentos y el lugar donde los documentos deben ser presentados.

 

El campo 48, tiene presencia opcional y en él se especifica el período de tiempo (número de días), contado desde la fecha de embarque, dentro del cual habrán de presentarse los documentos. La ausencia de este campo supone que este período de tiempo es de 21 días según lo establecido por el art. 14 c de las UCP600. Este campo no debe contener fechas expresadas en la forma AAMMDD  sino períodos de tiempo establecidos en número de días contados a partir de la fecha de embarque.

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El campo 42, especifica la fecha de pago, o método para su determinación en un crédito documentario que es disponible por pago diferido solamente.

 

RESPUESTA:

El campo 48 del MT700,  en lo términos expuestos, está indebidamente utilizado y entendemos coherente el  rechazo por parte de entidades financieras.

 

 

CONSULTA 130 b

 

Un cliente, beneficiario de un crédito documentario disponible mediante pago diferido a 60 días fecha conocimiento de embarque (teniendo como última fecha de embarque 15.03.08) requiere que la fecha de validez señalada en el campo 31D, debe cubrir no solamente el plazo establecido para presentación de documentos, sino también el plazo establecido para el pago diferido.

El banco emisor dice que no es correcto y que automáticamente en la fecha que el beneficiario presente documentos, el crédito queda vencido.

 

ANALISIS Y CONSIDERACIONES:

 

La definición, contenido y uso del campo 31D, del MT700 es el señalado en el supuesto anterior.

La última fecha para embarque: 15.03.08, señalada en el  campo 44C, está indicando  que el embarque de las mercancías no podrá realizarse después de esa fecha.

De conformidad con lo señalado en el mencionado artículo 14, c de las UCP600, la fecha última para presentación de documentos (campo 31D) sería  21 días naturales contados a partir del 15.03.08, esto es: 05.04.08, salvo que dicha fecha se limite de otra forma mediante indicación de un período diferente en el campo 48 de acuerdo con lo expuesto en la respuesta al anterior apartado.

La fecha de validez, campo 31D y la fecha de pago  señalada en el campo 42 cuando un crédito es disponible por pago diferido, se refieren a  elementos distintos del crédito documentario. La presentación (o presentaciones) de documentos solo podrá realizarse dentro de la fecha de validez señalada en el campo 31D y una vez realizada la presentación conforme, quedará vivo el compromiso de pago del banco emisor hasta el vencimiento para pago establecido de conformidad con lo señalado en el campo 42.

 

RESPUESTA:

 

Unánimemente, los miembros del comité de expertos consideran,  que la exigencia del exportador colombiano no es razonable y que, la misma, no se ajusta a la práctica bancaria habitual.

 

 

Consulta 129 – ¿Port Rades = Puerto de Túnez?

Consulta 129 Descripción: Se somete a consideración del grupo de expertos una consulta relacionada con una discrepancia formulada por el Banco E respecto al puerto de descarga de una mercancía …

Consulta 129

Descripción:

Se somete a consideración del grupo de expertos una consulta relacionada con una discrepancia formulada por el Banco E respecto al puerto de descarga de una mercancía remitida al amparo de un crédito documentario sujeto a las UCP 600.

El documento presentado es un conocimiento de embarque puerto a puerto, emitido por el transportista, en el que figura como puerto de descarga Tunis y en el cuerpo del detalle facilitado por el embarcador, indica: Port of discharge: Rades, Tunis. La información incorporada en el detalle facilitado por el embarcador, según el transportista, recoge dicho detalle tal como ha sido declarado por el embarcador, sin responsabilidad alguna por su parte.

El Banco E a la recepción de los documentos formula la siguiente discrepancia: “El B/L menciona dos puertos de descarga: Rades Port y Tunis Port”.

Tras un intercambio de swifts entre los bancos presentador y emisor, el primero rechazando la discrepancia y argumentando que el puerto de descarga solicitado en el crédito aparece en el conocimiento de embarque y el segundo manteniendo que el B/L cita dos puertos de descarga distintos, el banco emisor procede a devolver los documentos.

Preguntas:

Se requiere la opinión del grupo sobre la consistencia de la discrepancia formulada.

Análisis:

  • El artículo 20 de las UCP 600 en su apartado a.iii) indica que el conocimiento de embarque debe aparentemente “indicar el embarque desde el puerto de carga hasta el puerto de descarga estipulados en el crédito”.
  • El artículo 16 de las UCP 600, apartado e), prevé que el banco emisor puede devolver los documentos al presentador en cualquier momento, después de haber efectuado la notificación requerida en el artículo 16.c, puntos iii.a o iii.b
  • El artículo 16, apartado c, establece que cuando el banco emisor decide rechazar el honrar, debe efectuar, a tal efecto, una única notificación al presentador. La notificación deberá indicar: i. que el banco rechaza honrar; y ii. cada discrepancia en virtud de la que el banco rechaza honrar; y iii.a) que el banco mantiene los documentos a la espera de instrucciones del presentador; o b) que el banco emisor mantiene los documentos hasta que reciba del ordenante una renuncia a las discrepancias y acuerde aceptarla, o reciba instrucciones del presentador con anterioridad a su acuerdo a aceptar la renuncia.

 

Respuesta:

 

La opinión unánime del grupo de expertos es que, a tenor de los estipulado en las UCP 600, la discrepancia es consistente, ya que se observa una clara indefinición del puerto de descarga al citar dos puertos distintos,Tunis y Rades, como puertos de descarga.

 

 

“La Caixa”: A titulo de comentario:

No obstante mi conformidad y  que me sumo a la unanimidad, sigo considerando que hay elementos que pueden dar argumentos a SCH a defender su posición de rechazo a la discrepancia, aunque admito que no son argumentables con la óptica de un “document checker” y las UCP en cumplimiento estricto, sino con otros pareceres y argumentos que ya expuse.

 

Banco Popular:

Me sumo a los comentarios de que es defendible la reserva con otros argumentos fuera de las UCP.

 

 

Consulta 127 – Crédito cargado 2 días antes del vencimiento

CONSULTA 127 PONENCIA CASO 127 cuarta versión Esta última Versión ( ojalá sea la definitiva, es la número 1, aceptada por Julio, Saúl y Carlos, y que incorpora las sugerencias …

CONSULTA 127

PONENCIA CASO 127 cuarta versión

Esta última Versión ( ojalá sea la definitiva, es la número 1, aceptada por Julio, Saúl y Carlos, y que incorpora las sugerencias de Andreu, con las que parece que también él y David la aceptarían. Si los que votaron por la primera versión ( sin correciones las actuales ) no tiene nada en contra, tendríamos entonces la mayoría que tanto nos ha costado alcanzar en este caso.

Consulta:

Tenemos unas ciertas dudas correspondientes a la valoración de las transferencias correspondientes a los pagos de los créditos de importación, que rogaria nos resolvieran con la mayor urgencia posible.

Entendemos que si un crédito es valedero en nuestras cajas y los documentos son conformes o han sido aceptadas las discrepancias por nuestro cliente , tenemos la obligación de pagar en fecha de vencimiento. Pero, como bien sabeis , el camino de pago hace que la valoración en destino, sea valor vencimiento + dos dias , con lo cual en muchas ocasiones nos están pidiendo intereses por estos dos dias de retardo.

En el caso de que el crédito sea valedero no en nuestra cajas, serán ellos quien se reembolsaran y lo realizarán con buen valor. Aunque nosotros debamos de realizar el crédito a nuestro cliente dos dias antes, ya que la posición de la cuenta del banco reembolsador la hemos de cubrir con buen valor.Con lo cual estamos recibiendo quejas de nuestros clientes, ya que se le están cargando los créditos dos dias antes de la fecha de vencimiento.

Análisis: :

La problemática que expone el consultante no está regulada por las Reglas y Usos Uniformes UCP 600. al tratarse más de una cuestión de operativa interbancaria que de un tema documentario.

Para encontrar alguna referencia al tema, debemos dirigirnos a las Internacional Standard Banking Practice, publicación 681 de CCI que en su punto 48 dice :

“El pago debe estar disponible en fondos inmediatamente disponibles en la fecha de pago en el lugar donde el instrumento de giro o los documentos sean pagaderos, siempre que dicha fecha de pago sea un día laborable bancario en esa plaza. Si la fecha de pago no es un día laborable bancario, el pago vencerá el primer día laborable bancario siguiente a la fecha de pago. Los retrasos en el envío de fondos, como los días de gracia, el tiempo que se precisa para el envío de fondos, etc. no deben serlo en adición a la fecha de pago estipulada o acordada como haya quedado definida por el instrumento de giro o los documentos.”

RESPUESTA :

El Grupo de Expertos considera, por mayoría, que el pago debe efectuarse para que esté efectivamente disponible en la fecha de vencimiento,en el lugar donde los documentos sean pagaderos, o el primer día laborable bancario siguiente si la fecha de pago no lo fuera.

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Consulta 126 – ¿Reparto de gastos en el extranjero a cargo de ordenante?

CONSULTA 126 Ponente: CECA El Grupo de Expertos en Créditos Documentarios ha recibo la siguiente CONSULTA: La Cámara de Comercio de Barcelona,  deseando verificar si la respuesta que ha dado …

CONSULTA 126

Ponente: CECA

El Grupo de Expertos en Créditos Documentarios ha recibo la siguiente

CONSULTA:

La Cámara de Comercio de Barcelona,  deseando verificar si la respuesta que ha dado a una consulta recibida es considerada correcta por el grupo, remite pregunta y respuesta.

La pregunta fue la siguiente:

En 1 crédito documentario ¿a quién le corresponden los gastos de reembolso?

La respuesta ha sido la siguiente:

 

En respuesta a la consulta planteada, debemos indicar que el Ordenante es el responsable de todos los gastos en las formas de pago.

 

Respecto al Crédito Documentario, es normal pactar con antelación la responsabilidad sobre los gastos fuera del país del Ordenante, ya que tradicionalmente (comercialmente) se interpreta por parte del Ordenante como compartidos: él se hace cargo de los suyos en su país y el Beneficiario de todos los externos al país del Ordenante. Sin embargo, por parte del Beneficiario es posible renunciar a todos estos gastos según haya pactado con su Banco y con el Ordenante. Por tanto, los gastos de reembolso corresponderán a una u otra parte, según se haya pactado. Si son compartidos, será a cargo del Beneficiario; si no lo son, a cargo del Ordenante.

 

RESPUESTA

 

1.- El grupo de expertos, de forma unánime considera que, de acuerdo con el art. 13 b iv  de la Reglas y Usos Uniformes de Créditos Documentario Publicación 600 de la CCI, los gastos del banco reembolsador de un crédito, si no se pacta otra cosa, son por cuenta del ordenante. En este sentido, la opinión del grupo coincide con la respuesta que se ha dado al consultante.

 

2.- Además, el grupo considera oportuno añadir las siguientes consideraciones:

 

Los gastos de reembolso son gastos de un tercer banco que no interviene en el flujo normal de la actividad de un crédito documentario, por ello las partes no siempre son conscientes de su existencia en el momento de establecer acuerdos para el pago de los gastos. Por otra parte, las formulas rutinarias que en muchas ocasiones contienen los créditos para definir la asignación de los gastos no siempre dejan claro quién debe ocuparse de los de reembolso.  En este sentido, algunos componentes del grupo han propuesto formulas que, o bien incluyen de manera específica los gastos de reembolso o bien limitan los gastos a pagar por el ordenante a los correspondientes del banco emisor, dejando el resto, y por tanto los de reembolso, a cargo del beneficiario.

 

No obstante, el mismo artículo 13 b iv indica de forma clara qué se debe hacer si dichos gastos se desea que sean a cargo del beneficiario cuando menciona: “ No obstante, si los gastos son por cuenta del beneficiario, es responsabilidad del banco emisor indicarlo así en el crédito y en la autorización de reembolso”, y por tanto, para que sean por cuenta de una parte diferente del ordenante el requisito es que se indique en las instrucciones del crédito documentario de forma expresa que dichos gastos van a ser soportados por el beneficiario.

 

Félix Casas:

Creo que el párrafo 2 de la respuesta, salvo en lo que se refiere a la aclaración de lo que dispone el apartado iv, b, del artículo 13, es perfectamente prescindible porque no aporta nada al solicitante.

Insisto en decir que indicar que hay fórmulas para aclarar quién debe soportar los gastos y no especificar cuáles son, me parece cuanto menos pedante, porque parece que es algo que solo conocen los expertos.

La crítica literaria la dejo para quien sepa hacerla.

 

Consulta 124 – Gastos en cobranzas contra aceptación, luego impagadas

CONSULTA 124  Descripción y Pregunta En el Comité Español de la CCI se recibe la consulta a la que asigna el núm. 124 procedente de una Caja de Ahorros para …

CONSULTA 124

 Descripción y Pregunta

En el Comité Español de la CCI se recibe la consulta a la que asigna el núm. 124 procedente de una Caja de Ahorros para la consideración y opinión del Grupo de Expertos en Reglas Uniformes de la CCI, cuyo texto en la parte  fundamental para la consulta se transcribe a continuación:

Inicio Texto Consulta

 

  • Entre diciembre 2006 y enero 2007, recibimos del banco Remitente A (Estambul, Turquía) un total de 15 remesas documentarias de importación contra aceptación a cargo de nuestro cliente B. El cedente es la empresa turca C
  • Las remesas fueron aceptadas y comunicadas al Banco Remitente A (mt 412), reservándonos el derecho de reclamar los gastos al cedente en caso de que los documentos fueran impagados y los gastos rechazados por el librado.
  • Las remesas resultaron impagadas. Tras varias reclamaciones, el Banco remitente A nos comunica (mt999) que entreguemos los documentos libres de pago. Pero el librado no quiere hacerse cargo de los gastos ocasionados por la tramitación de la remesa. Estos son: timbres, gastos swift, mensajero, gastos de remesa y gastos de devolución.
  • Si se devuelven todos los efectos, aceptados e impagados al mismo tiempo en un único envío, los gastos de mensajería se verían reducidos a 43,27 euros. En dicho caso, el total de gastos reclamados por nosotros asciende a 3.948,24 euros.
  • El librado no acepta el pago de los gastos. El cedente no acepta el pago de los gastos y no necesita los efectos impagados que obran en nuestro poder.
  • Atendiendo al artículo 21 de las Reglas Uniformes relativas a las Cobranzas 522, solicitamos que el cedente nos reembolse un total de 3.948,24 euros en concepto de gastos ocasionados por varias remesas impagadas. Desde el 24 de abril 2007 no hemos tenido respuesta a nuestras reclamaciones.

 

Por todo ello, solicitamos la intervención del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional ante el Comité Turco para reclamar el reembolso de los gastos generados por la tramitación de estas remesas.

Adjunto enviamos un cuadro resumen de los detalles de todas las operaciones, copia de los efectos impagados, copia de las cartas-remesa con las instrucciones, y correspondencia cruzada.

Confiamos en la pronta y positiva resolución del conflicto con el banco turco y quedamos a su disposición para ampliar cualquier información.

Análisis y Consideraciones del Grupo:

 

En la carta-remesa del Banco remitente se indicaba que dicha remesa estaba sometida a las URC de la CCI Publicación. 522,  y se indicaba también de forma expresa, que los gastos y comisiones de la Caja Cobradora, eran por cuenta del librado e irrehusables, siendo por tanto en este punto de aplicación el artículo 21 de dichas URC 522.

 

Si el librado hubiese rechazado los gastos al efectuar la presentación, la forma de proceder  es clara, al estar este apartado concreto definido en cuanto a la forma de actuación en el artículo 21.b, y no se debería hacer hecho entrega de los documentos a la espera de  instrucciones del banco remitente.

 

No obstante, según la información de la Caja consultante, el librado aceptó los efectos incluidos en dichas remesas y por tanto de forma implícita su conformidad a hacerse cargo de las comisiones y gastos.

En este punto, la Caja Cobradora  informó al Banco Remitente  mediante swift MT 412 sobre la aceptación de los efectos , pero con una instrucción no contemplada en la pub 522 que es la indicación “reservándose el derecho de reclamar los gastos al cedente en caso de que los documentos fueran impagados y los gastos rechazados por el librado”

 

Es conveniente para el examen del apartado “cargos y gastos”, que de forma genérica  regula el art. 21, señalar que en estas operaciones los mismos son de índole diversa y no todos ellos procedentes del servicio que efectuó la Caja Cobradora por  cuenta y encargo del Banco Remitente, ya que es posible que  no todos  deban seguir una única consideración.

En la relación que remite la Caja Cobrador hay comisiones y Gastos por los siguientes conceptos:

  • Comisión de Devolución de la Remesa (el librado finalmente rechazó el pago)
  • Comisión Remesa: ( concepto de la gestión de cobro realizada por encargo del Banco Remitente)
  • Timbres (Impuesto A.J.D de carácter legal y obligatorio, y a los cuales les pudiese ser de aplicación el artículo 11.c de las URC y no solamente el 21)
  • Gastos de envío por mensajería de la devolución impagada de la remesa

 

Se discuten diversas posiciones respecto a las opciones que podría haber ejercido la Caja cobradora, no  existiendo unanimidad en cuanto a que todos  los gastos deban ser repercutidos al banco Remitente al no haber podido cobrarlos dicha caja por cuenta el librado rechazó finalmente el pago de los efectos aceptados.

 

En las consideraciones de los componentes del grupo se dan dos posiciones diferentes que a modo de resumen son:

Por una parte, aquellos que opinan que el librado dio su conformidad al pago de gastos al retirar documentos y por tanto son a su cargo independientemente del resultado final de dicha remesa (quedarían excluidos los gastos de devolución que no entraban dentro de la conformidad del librado cuando retiró documentos, y, por tanto serían por cta. del banco remitente  en cualquier caso).

Por otra, los componente del grupo que opinan que todos los gastos y comisiones que no han podido ser cobrados al librado son por cuenta del Banco Remitente que es quién solicitó el servicio de cobro y que como responsable final de los mismos debe atender el pago que reclama la Caja Cobradora.

 

La mayoría  opina que el responsable final de los gastos, es quién solicitó el servicio y por tanto el banco remitente, puesto que queda claro que si el librado no pagó el principal no estará dispuesto a hacerse cargo de gasto alguno y mucho menos de comisiones de devolución, mensajerìa, etc..

 

 

En cualquier caso, si existe unanimidad en el grupo de expertos  en que esta situación concreta, a pesar de darse de forma habitual en remesas documentarias que resultan impagadas, no está regulada de forma clara y  expresa en las URC522 y por tanto, las posiciones indicadas son en base a criterios de prácticas habituales de mercado.

 

Por otra parte y para finalizar el análisis, se recomienda  a la caja Cobradora que, al margen de la posible reclamación al Banco Remitente a través del Comité Turco de la CCI realice a través de su Área o Departamento Internacional las gestiones de relación bancaria internacional habituales en estos casos y que no constan en el escrito que hayan realizado para obtener el reembolso de los gastos.

 

Respuesta:

Según las consideraciones indicadas anteriormente, la mayoría de los componentes del Grupo opina que es procedente la intervención de Comité Español  de la CCI y que debería solicitar la colaboración del Comité Turco para que se dirija al banco remitente solicitando que haga frente al pago de los gastos reclamados por la caja consultante 

 

La respuesta a la consulta planteada refleja el punto de vista de los componentes del Grupo de Expertos del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, no de la Comisión Bancaria de la CCI. Esta consulta y su Conclusión se toman en consideración con carácter meramente ilustrativo y, en su caso, deberán ser refrendadas por la propia Comisión Bancaria en una próxima reunión de la misma.

 

La respuesta dada no debe ser interpretada en otro sentido distinto al indicado, es decir, servir de orientación a las partes y, por tanto, no tendrá implicaciones jurídicas.

 

Ni el Comité Español ni ninguno de sus empleados, incluyendo al Presidente, Secretario, Vicesecretario y Asesora Técnica, serán responsables ante ninguna persona física o jurídica por cualquier pérdida o daño surgido de cualquier acto u omisión relacionados con el punto de vista expresado.

 

Caja Madrid:

Julio, aún entendiendo que el caso no da para más y me sumo a la mayoría, por no verme reflejado quisiera hacer un comentario sin valor a los efectos que nos ocupa. Mi postura era: «de conformidad con lo establecido en el art.21 b, La Caja al entregar documentos asume el pago de esos gastos y pierde el derecho a reclamar al cedente en base al art.21a». Si el cliente aceptó pagarlos, lo desconocemos…;sigo pensando que es muy importante la actuación de quien reclama, y en el caso que nos ocupa «es más determinante que la del librado».

 

La Caixa:

Veo que eres de los «que estamos de guardia» hoy.  Sobre tus comentarios y que espero podamos debatir el 18 (a ver si finalmente puedes venir), puede que tenga razón pero en si así fuese  en todo caso entiendo que sería solo sobre la comisión de cobro de la remesa  pero no sobre lo demás. Yo pienso que no todos los gastos originados tienen el mismo tratamiento y de ahí que lo haya hecho constar al menos aunque sin una posición y unívoca al respecto porque no creo la haya.

 

 

Caixa Catalunya:

Yo suprimiría los dos párrafos que hacen referencia a cada uno de los puntos de vista del Grupo. Creo que, como siempre hacemos, en este caso deberíamos hablar de mayoría que no de unanimidad, lo que ya se hace más adelante. Pero no creo debamos explicitar cómo se ha llegado a esta mayoría.Es simplemente por dar una opinión con sensación auténtica » de Grupo ».

 

 

Consulta 123 – Conocimientos de embarque

CONSULTA 123 La Secretaría del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional recibe la siguiente: CONSULTA: ¿Aceptarán los bancos un Conocimiento de Embarque emitido por un Transitario? ¿Lo aceptarán …

CONSULTA 123

La Secretaría del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional recibe la siguiente:

CONSULTA:

  1. ¿Aceptarán los bancos un Conocimiento de Embarque emitido por un Transitario?
  2. ¿Lo aceptarán como documento de transporte?
  3. ¿Para ustedes, esa eliminación de la mención expresa por la que serán aceptados los Conocimientos de Embarque de los Transitarios, significa una prohibición tácita, o simplemente una eliminación obvia por lo evidente de que esos documentos de transporte van a ser aceptados?
  4. ¿Existe algún tipo de precaución o medida que recomendarían tomar a los Transitarios a la luz de las nuevas UCP600?

RESPUESTA:

  1. A partir de la entrada en vigor de las UCP 600 los conocimientos de embarque (para transporte de mercancías de puerto a puerto) están regulados por el Artículo 20 de dichas reglas. En este artículo se indica expresamente que dicho documento debe estar firmado, aparentemente, por el transportista o su agente designado, o por el capitán o su agente designado. Por tanto, cualquier documento que pretenda utilizarse como conocimiento de embarque, independientemente del nombre que reciba, deberá estar  firmado por una de esas partes citadas, entendiéndose que de no hacerse así se considerará no conforme, a no ser que los propios términos del crédito documentario lo autorizasen expresamente.

Extrapolando lo anterior a los restantes documentos de transporte, el artículo 14,  apartado l., de dichas Reglas y Usos establece que cualquiera de los documentos de transporte a que hacen alusión los artículos 19 al 24 de las mismas, puede ser emitido por otra parte distinta del transportista, propietario, capitán o fletador (según sea el caso), a condición de que el documento de transporte de que se trate cumpla los requisitos del artículo específico que regula dicho documento.

 

  1. Como se ha indicado anteriormente, siempre que el crédito documentario solicite la presentación de un documento de transporte, las entidades financieras sólo aceptarán como tal uno que cumpla con las disposiciones de los artículos 19 al 24 de las UCP 600, dependiendo de la modalidad de transporte elegida.

Cada artículo regula qué menciones deben figurar en el documento y quién debe firmarlo, por tanto, al no poder considerarse un documento emitido por un transitario que actúe única y exclusivamente como tal, como  el  documento que acredita el transporte de las mercancías, no podrá ser aceptado, excepto que los propios términos del crédito lo permitan.

 

  1. Ya se ha explicado que sólo cuando los transitarios firmen un documento en su condición de transportista u operador, o como agente de una de esas partes, se podrá considerar que dicho documento es uno de los regulados por los artículos 19 al 24 de las UCP 600, pasando de facto a considerarse documentos de transporte, independientemente del nombre que reciban.

 

  1. Las UCP 600 se limitan a establecer las condiciones que deben cumplir los documentos y las partes intervinientes en un crédito documentario pero no a aconsejar sobre cuál debe ser la conducta que deben seguir dichas partes, por tanto el Grupo de Expertos en créditos documentarios del Comité Español de la CCI tampoco se siente autorizado para hacerlo.

La respuesta a la consulta planteada refleja el punto de vista de los componentes del Grupo de Expertos del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, no de la Comisión Bancaria de la CCI. Esta consulta y su Conclusión deben ser consideradas con fines meramente ilustrativos y, en su caso, deberán ser refrendadas o corregidas por la propia Comisión Bancaria en una próxima reunión de la misma.

 

La respuesta dada no debe ser interpretada en un sentido distinto al indicado, es decir, servir de orientación a la(s) parte(s) y, por tanto, no tendrá implicaciones jurídicas.

 

Ni el Comité Español ni ninguno de sus empleados, incluyendo al Presidente, Secretario, Vicesecretario y Asesora Técnica, serán responsables ante ninguna persona física o jurídica por cualquier pérdida o daño surgido de cualquier acto u omisión relacionados con el punto de vista expresado.

 

Consulta 120 – ¿Discrepancia si ya no es «sociedad unipersonal»?

Consulta 120 CONSULTA: La entidad consultante plantea el siguiente caso: “Tenemos un cliente que ha recibido a través de nuestra Entidad varios standby Letter of credits a su favor y …

Consulta 120

  • CONSULTA:

La entidad consultante plantea el siguiente caso:

“Tenemos un cliente que ha recibido a través de nuestra Entidad varios standby Letter of credits a su favor y vigentes al día de hoy. Este cliente hasta hoy era una S.L. sociedad unipersonal y así figura en los SBLC como beneficiario. Ahora ha dejado de ser «sociedad unipersonal» aunque continúa teniendo el mismo NIF y dirección.

Es necesario que los bancos emisores de los SBLC modifiquen el campo 59 de los SBLC suprimiendo la mención «sociedad unipersonal» del nombre del beneficiario? En caso negativo, y en el supuesto de ejecución del SBLC los bancos emisores podrían poner discrepancia si la factura comercial ya no llevara esta mención?”

  • ANÁLISIS:

Los derechos que sobre un contrato mantiene una parte que ha sufrido una modificación en su nombre (por ejemplo, BENEFICIARIO), en su forma legal (S.L.) o, como en este caso, en la información adicional que debe acompañar a la forma legal cuando se trata de un único socio (sociedad unipersonal), son algo que las normas de la CCI no regulan ni pueden regular, sino que corresponde exclusivamente al derecho mercantil aplicable, y lo que allí se establezca tiene absoluta primacía sobre lo que pudiera disponer cualquier norma de la CCI.

 

Lo que las reglas de la CCI regulan –centrándonos en aquéllo que puede tener cierta relación con el caso planteado-, son las condiciones generales que deben cumplir los documentos para ser considerados conformes con los términos y condiciones del crédito. Es decir, cuáles son las normas que deben aplicar los bancos para determinar el cumplimiento de los documentos.

 

Sin embargo, en la consulta no se indica a qué normas están sujetas las cartas de crédito contingentes de referencia: UCP500, UCP600 o ISP98, por lo que los artículos relevantes pueden variar según cada caso.

 

Por otro lado, tampoco se indica qué documentos son los requeridos, lo que también podría afectar a los artículos relevantes según el caso. Aunque al tratarse de una carta de crédito contingente no resultaría inusual que la documentación a presentar consistiera en una declaración de incumplimiento emitida por el beneficiario, acompañada posiblemente de la factura o facturas impagadas.

 

Si están sujetos a las UCP500, las normas para el examen de los documentos que deberán aplicar los bancos serán las recogidas en el artículo 13.a donde se indica que “la aparente conformidad de los documentos estipulados con los términos y condiciones del crédito se determinará en base a las prácticas bancarias internacionales, tal como se recogen en los presentes artículos” y posiblemente el artículo 37 relativo a facturas comerciales en que se indica que “las facturas comerciales deben, aparentemente haber sido emitidas por el beneficiario designado en el crédito”. Además es conveniente acudir al artículo 2 en que se menciona al “beneficiario” como aquélla tercera parte a favor de la que el banco emisor se obliga a hacer un pago. También resulta relevante, en tanto que indica cómo deben entenderse las reglas, lo establecido en las ISBP (Prácticas bancarias internacionales estándar), en su versión para las UCP500, en el punto 24 sobre la incoherencia de los documentos cuando se dice que “lo que se requiere no es que los datos contenidos sean idénticos, sino meramente que los documentos no sean incoherentes”.

 

En cuanto a las UCP600, los artículos relevantes son el 2, tanto en la definición de “beneficiario” como “la parte a favor de la que se emite el crédito”, como en la definición de “presentación conforme” como “una presentación que es conforme con los términos y condiciones del crédito, con las disposiciones aplicables a estas reglas y con la práctica bancaria internacional estándar”. También resulta relevante el artículo 14.d en el sentido que “los datos en un documento, cuando sean examinados en el contexto del crédito, del propio documento y de la práctica bancaria internacional estándar, no es necesario que sean idénticos, pero no pueden ser contradictorios, a los datos en ese documento, en cualquier otro documento requerido o en el crédito”. Asimismo el artículo 18.a relativo a que la factura comercial “debe, aparentemente, haber sido emitida por el beneficiario”.

 

Finalmente, en el caso de las ISP98, el artículo 1.09.a define “beneficiario” como “la persona designada que ostenta el derecho de disposición al amparo del crédito contingente”. Por su parte el artículo 4.01 indica que “la aparente conformidad de una presentación viene determinada por el examen de la presentación en su apariencia, según los términos y condiciones estipulados en el crédito contingente, interpretados y complementados por estas reglas, que deben interpretarse en el contexto de los usos estándar de los créditos contingentes”.

 

A pesar de las diferencias formales en el redactado para cada una de las normas, existen coincidencias en cuanto al contenido y que pueden resultar relevantes a los efectos del caso planteado:

 

  • El beneficiario es una parte en una relación, y no una simple secuencia de letras o signos. En tanto que parte en dicha relación, viene definida por unos derechos y unas obligaciones, por tanto si la ley aplicable al cambio de denominación de BENEFICIARIO, S.L. (sociedad unipersonal) a BENEFICIARIO, S.L. no resta ningún derecho ni añade ninguna obligación al sujeto de dicho cambio en el marco de dicho contrato, habrá que entender que la parte es exactamente la misma.

 

  • Un documento debe ser examinado en un contexto en el que no necesariamente será exigible la plena identidad de datos, aunque sí la ausencia de contradicciones o incoherencias. Desde este punto de vista, la aparición o no del dato relativo al número de accionistas que, según la Ley española, debe acompañar a la forma legal de la sociedad, no crea contradicción o incoherencia alguna a los efectos tanto de las UCP500, como de las UCP600 o de las ISP98.

 

Por otro lado es perfectamente posible que se efectúen diversas reclamaciones al amparo de en un mismo crédito contingente. Dichas reclamaciones pueden corresponder a facturas impagadas emitidas en diversos momentos, antes o después del cambio de denominación. En estos casos, si la literalidad de la denominación fuera exigible sin más, se produciría una pérdida de derechos absolutamente injustificable.

 

Finalmente, si bien las normas de la CCI no indican nada respecto al cambio de denominación del beneficiario y su relación con los derechos y deberes, en las ISP98 podemos encontrar en su artículo 4.14 una norma que nos permite establecer una cierta analogía: “si el emisor o el confirmante cambian su organización, se fusionan o cambian su nombre, cualquier referencia al nombre del emisor o del confirmante en los documentos presentados puede hacerse tanto a éste como a su sucesor”.

 

  • CONCLUSIÓN:

 

Por unanimidad, los miembros del grupo entienden que la continuidad de derechos derivado del cambio de denominación es un asunto ajeno a las UCP o a las ISP, y que debe determinarse de acuerdo con la Ley aplicable. En consecuencia se recomienda a la entidad consultante que acuda a sus servicios de asesoría jurídica a este respecto.

 

Por mayoría, los miembros del grupo entienden que, en el marco de las UCP o las ISP, no resulta necesario que los bancos emisores procedan a la modificación del nombre del beneficiario en los créditos contingentes y que, en consecuencia y para este caso, la diferencia de denominación de BENEFICIARIO, S.L. (sociedad unipersonal) por BENEFICIARIO, S.L. no constituiría motivo suficiente de discrepancia.

 

  • ADDENDUM CON ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL GRUPO:

 

Como complemento que no modifica la conclusión anterior, y al objeto de evitar demoras e incertidumbres derivadas de una posible mala práctica bancaria por parte de algún banco emisor, el grupo de expertos cree conveniente efectuar las siguientes consideraciones:

 

  1. Puede ser recomendable indicar en la declaración de incumplimiento que la reclamación la efectúa: “BENEFICIARIO, S.L. (que desde XX.XX.XX es la nueva denominación legal de BENEFICIARIO, S.L. (sociedad unipersonal)”.

 

  1. La solicitud de modificación en el nombre del beneficiario en las cartas de crédito contingentes comporta el riesgo de que dicha modificación no llegue a efectuarse. Si éste fuera el caso, la solidez de los argumentos esgrimidos más arriba habría resultado seriamente afectada. No obstante, en aquellos casos en que por las características del ordenante y del banco emisor, el beneficiario se sienta especialmente incómodo, dicho beneficiario podría considerar la solicitud de modificación, pero siempre tomando las precauciones oportunas y con el debido asesoramiento de su entidad financiera.

 

En cualquier caso, estas consideraciones no constituyen una consecuencia o interpretación de las UCP o las ISP, sino que pretenden dar unas pautas que contribuyan a disminuir la incertidumbre del beneficiario en caso de ejecución.

 

La respuesta a la consulta planteada refleja el punto de vista de los componentes del Grupo de Expertos del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, no de la Comisión Bancaria de la CCI. Esta consulta y su Conclusión se toman en consideración con carácter meramente ilustrativo y, en su caso, deberán ser refrendadas por la propia Comisión Bancaria en una próxima reunión de la misma.

 

La respuesta dada no debe ser interpretada en otro sentido distinto al indicado, es decir, servir de orientación a las partes y, por tanto, no tendrá implicaciones jurídicas.

 

Ni el Comité Español ni ninguno de sus empleados, incluyendo al Presidente, Secretario, Vicesecretario y Asesora Técnica, serán responsables ante ninguna persona física o jurídica por cualquier pérdida o daño surgido de cualquier acto u omisión relacionados con el punto de vista expresado.

 

COMENTARIOS:

 

BBVA:

En sentido estricto, si el cambio de denominación no se recoge en el texto, el banco emisor puede llegar a plantear una discrepancia por dicho motivo. Aún utilizando el  formerly …, podría darse el caso de que algún banco tampoco lo admitiera. Con ello lo que pretendo decir es que existe una duda razonable sobre el hecho de que todos los bancos que puedan intervenir admitan, sin más, reclamaciones bajo la nueva denominación de la firma y, en consecuencia, en una situación extrema y suponiendo que el comprador-franquiciado desee terminar con la relación, el beneficiario se vería obligado a pleitear en los tribunales.

 

Sin embargo, si se solicita y lleva a cabo la modificación de la garantía, se evitarán problemas/disputas posteriores, ya que el ordenante de la misma mostrará su acuerdo, como lo demuestra el haber requerido a su banco para que la modificara. Si además se llegara a exigir, para su ejecución,  copia de las facturas impagadas, habría que incorporar a la modificación una fecha de corte en la que la firma cambia la denominación en sus documentos comerciales y un texto admitiendo presentaciones/reclamaciones con el nombre anterior a dicha fecha. Si el ordenante se mostrara reacio a modificar, desde mi punto de vista, el beneficiario podría pensar que se avecinan problemas.

 

En definitiva, no todo es blanco o negro, y menos en el mundo de los créditos y las garantías, donde la subjetividad, por más reglas que existan,  juega un papel muy relevante. Conveniencia en este caso, por mi parte, implicaría prever y, en la medida de lo posible, evitar situaciones futuras indeseables. ¿Qué dirá el Deustche Bank si nuestra respuesta es que no hace falta modificar y le ponen una discrepancia en la ejecución?

 

Banco Sabadell:

Vamos a ponerlo de otra forma. Supongamos que el banco emisor (español, para hacerlo más crudo) rechaza una reclamación en un standby alegando que la factura impagada está emitida por “BNF, SL” cuando en el crédito se indicaba “BNF, SL (sociedad unipersonal)”. El banco presentador (también español) insiste y le aclara (porque siempre cabe el desconocimiento) que la sociedad, siendo la misma y con la misma forma jurídica, por requerimiento de la Ley española ya no puede seguir indicando que es “sociedad unipersonal”. El banco emisor sigue rechazando el pago. La pregunta: ¿tiene razón el banco emisor al rechazar el pago? A mi entender sólo caben tres respuestas: “sí”, “no” y “no es asunto nuestro, acuda a un abogado”

 

No vale el “si, pero no” ni el “no, pero sí”. Para eso no hace falta que nos pregunten nada. Habría que mojarse, y luego podemos hacer las sugerencias que creamos oportunas. Y si no lo vemos suficientemente claro, siempre nos queda París.

 

BBVA:

Date cuenta que estás cambiando los términos, ya no estamos ante una situación hipotética por parte del banco emisor, sino que dicho banco rechaza la reclamación.  Es decir, asumes que tal hecho puede producirse. Y lo más relevante, el escenario no es internacional, sino nacional.

 

Tu solución inicial es llegar a un acuerdo a través de una simple aclaración respecto al cambio de denominación, que además viene avalada por el hecho de que dicho cambio es por imperativo legal. Es decir, en este caso, entendiendo que no se produce ninguna otra modificación relevante que afecte a otros pormenores, como por ejemplo, el objeto social;  aunque no siempre es así. La propia tramitación del citado cambio de denominación, con sus obligaciones inherentes de publicación en periódicos, con carácter previo, y boletines oficiales, luego, hace que el resultado final de dicha aclaración, en el contexto nacional, pueda resultar satisfactorio. Ahora bien, es posible que todas estas aclaraciones resultaran infructuosas en el ámbito internacional y si además la legislación aplicable y los tribunales competentes tampoco fueran los españoles, el resultado todavía estaría menos garantizado.

 

El caso que nos plantea Deutsche Bank es el de un cliente beneficiario de SLC, asumo que por ello el banco emisor está en el extranjero. Que la eliminación, por motivos legales, de los términos Sociedad Unipersonal en la denominación social no conlleve ninguna consecuencia, no me atrevo a asegurarlo taxativamente. Si la garantía que busca DB es rotunda, entonces me paso a los del sí, porque en cualquier otro caso existe una duda razonable respecto al buen fin de la operación.

 

Banco Sabadell:

Lo que plantea DB no tiene nada de hipotético. En esencia se trata de saber si la diferente denominación del beneficiario puede ser considerado reserva en el caso planteado. Si no lo es no habrá que modificar nada, y si lo es habrá que solicitar modificación del nombre del beneficiario. Parece bien sencillo. Que luego puede haber bancos que “cometan” mala práctica, eso ocurre siempre y ocurrirá siempre, pero para eso están las reglas, las leyes, los argumentos y las opiniones de la CCI.

Y en este caso el cambio es por imperativo legal, no modifica la razón social ni la forma jurídica para nada, y no necesita ningún tipo de publicidad.

Supongo que dará el tema para un rato. A ver que opinan los demás, aunque vistas las primeras opiniones y dadas las consecuencias que la respuesta puede tener para el beneficiario y sus centenares de garantías (donde las hay también domésticas y las hay vigentes desde hace 5 años) sugiero acudir a la Comisión Bancaria.

 

BBVA:

Por mi parte perfecto. Que sea la Comisión Bancaria la que se defina.

 

 

Banco Popular:

Aunque ya lo habéis dicho casi todo, para evitar problemas la empresa al conocer que tiene que cambiar su denominación debería abordar el tema de las garantías, ejecutando, solicitando modificaciones o emisión nueva.

 

Como bien comentáis el problema existe y se pueden dar todas las posibilidades, aunque luego jurídicamente se demuestre y se determine que la empresa que ha ejecutado la garantía tenía capacidad legal para realizarlo.

 

También hay que decir que cualquier perjuicio que se diera sería por ‘’culpa de la empresa’’ que en su momento no tuvo en cuenta los problemas que podrían derivarse del cambio de denominación con las garantías.

 

Pudiera ser una solución, enviar vía banco una notificación del cambio de denominación y que por lo tanto la nueva empresa adquiere los derechos y obligaciones de la desaparecida, entiendo que en su momento no pondrían objeciones a la ejecución.

 

Me parece perfecto acudir a la Comisión.

 

Consulta 119 – ¿Garantías bancarias transferibles?

Consulta 119 TRANSFERENCIA DE UNA GARANTÍA BANCARIA CONSULTA: Una empresa consultora de Talavera de la Reina (Toledo) se dirige al Comité Español de la CCI solicitando que el Grupo de …

Consulta 119

TRANSFERENCIA DE UNA GARANTÍA BANCARIA

CONSULTA:

Una empresa consultora de Talavera de la Reina (Toledo) se dirige al Comité Español de la CCI solicitando que el Grupo de Expertos en operaciones documentarias le dé su opinión sobre el siguiente asunto:

Se trata de saber con certeza si una BG (Bank Guaranty) en arrendamiento, a favor de una empresa cliente, es posible transferirla  a  otro cliente que está interesado en ella, preservando todos sus términos y condiciones; obsérvese que no es realquilarla, sino transferirla.

Además, dicha empresa declara que la garantía bancaria está “sometida a Reglas CCI” pero no especifica cuáles.

ANÁLISIS:

Las garantías bancarias a primer requerimiento pueden estar reguladas por las siguientes publicaciones de la ICC:

  • Por las UCP, Publicación 500, artículos 1 y 48 (en la última revisión -UCP600- artículos 1 y 38)


2) Por las ISP98, Publicación 590, Regla 6


3) Por las, URDG, Publicación 458, artículo 4

 

El artículo 48, b, de las UCP 500 indica que “Solamente se puede transferir [una garantía] si el Banco Emisor la emite específicamente como “transferible”.

La Regla 6.01 de las ISP98 establece que “Cuando el beneficiario solicita que el emisor o la persona designada cumpla las disposiciones recibidas de otra persona como si ésta se tratara del beneficiario, se aplican estas reglas sobre la transferencia de los derechos de disposición.” Y la Regla 6.02.a. explica que “El crédito contingente [ o garantía] no es transferible a menos que así lo estipule.” 

Además, el artículo 4 de las URDG 458 indica que “El derecho del Beneficiario a presentar una demanda con base en una Garantía no es transferible, a menos que esté expresamente estipulado en la Garantía o en una enmienda de la misma.”

 

CONCLUSIÓN:

En base a los imprecisos datos ofrecidos por la empresa consultante el Grupo de Expertos considera por unanimidad que una garantía bancaria, independientemente de cuál sea su regulación por cualquiera de las reglas de la ICC:  

  1. a) es transferible si así se expresa en la misma
  2. b) el arrendamiento ha de referirse «a la cesión del producto» (cobro del importe ejecutado) ya que el derecho a presentar una demanda es solamente del beneficiario y éste no cambia por haberla arrendado.

 

Consulta 118 – «As carrier»/»forwarding agent»

CONSULTA 118  DATOS Y DESCRIPCION DE LA CONSULTA: La empresa JAS FORWARDING SPAIN, S.A., dedicada al transporte internacional de mercancias, nos presenta el modelo de conocimiento de embarque que habitualmente …

CONSULTA 118

 DATOS Y DESCRIPCION DE LA CONSULTA:

La empresa JAS FORWARDING SPAIN, S.A., dedicada al transporte internacional de mercancias, nos presenta el modelo de conocimiento de embarque que habitualmente viene emitiendo solicitandonos opinión sobre dos elementoS formales del mismo:

  1. a) LA EMISION: EL b/l está emitido y firmado por JAS FORWARDING SPAIN SA, «AS CARRIER»
  2. b) La casilla titulada «forwarding Agent» en la que figura: JAS FORWARDING SPAIN SA., Barcelona

El consultante manifiesta que tales conocimientos de embarque son admitidos por los bancos cuando son presentados en utilización de créditos documentarios,si bien recientemente una entidad ha rechazado su aceptación formulando la siguiente discrepancia:»como transitarios no podemos constar (en el b/L) como FORWARDING AGENT- JAS FORWARDING SPAIN, s.a. Barcelona y firmar y sellar como AS CARRIER.

 ANALISIS Y CONSIDERACIONES:

Los miembros del grupo de expertos, unanimemente consideran que JAS FORWARDING SPAIN S.A.,puede emitir y firmar tales B/L «as carrier» y los bancos han de aceptar tales documentos cuando los mismos sean presentados en utilización de creditos documentarios sujetos a las UCP500 de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 30 de dichas reglas.

En cuanto al hecho de que en un mismo documento de embarque figure JAS FORWARDING SPAIN SA, «as carrier», y en la casilla destinada a señalar el agente expedidor figure igualmente JAS FORWARDIN SPAIN SA, Barcelona, el grupo de expertos considera que, a los efectos formales de su presentacion en utilización de créditos documentarios, no modifica lo establecido por los mencionados artículos 23 y 30 de las UCP500 y consecuentemente deben ser aceptados.

CONCLUSION:

El grupo de expertos considera que el modelo de Conocimiento de Embarque presentado no puede ser rechazado por el hecho de estar firmado por JAS FORWARDING SPAIN S.A. «as carrier»y figurar en la casilla correspondiente al forwarding agent.

COMENTARIOS:

 

Félix Casas:

Yo quisiera que se incluyera algo más sobre el problema planteado, que deviene de la observación del documento, porque me parece que si no se hace así parecería que el Banco que rechazó el documento se habría excedido en sus funciones de revisión. Quiero decir que hay que contextualizar más el problema planteado.

Por eso yo incluiría en el apartado a) de la ponencia algo así:

La firma lleva un encabezamiento preimpreso que indica «JAS FORWARDING SPAIN, S.A.» y luego se añade mecanografiado «as Carrier». Además se añade con el mismo tipo de letra que está firmado por «JAS BCN»; lo que podría plantear una duda razonable sobre la identidad real del firmante.

Respecto al apartado b) yo lo redactaría de esta forma:

En la casilla del documento reservada al efecto se indica como Forwarding Agent:
JAS FORWARDING SPAIN SA., Barcelona.

Respecto a la conclusión, perfectamente asumible, yo incluiría una recomendación a la empresa JAS para que en el futuro no se den este tipo de rechazos.

No la redacto porque imagino que no todos vosotros estaréis de acuerdo con este otro papel «docente» de nuestro grupo, solo lo apunto por si el ponente quisiera redactarla.

 

Caja Madrid:

COMO PONENTE, estoy abierto a incluir las «precisiones » que nos indica Felix…

COMO MIEMBRO DEL COMITE…. Mi opinion es que la señalada para incluir en el apartado a) se aparta de la consulta que nos plantean; consulta que a su vez está basada en la objeción que el banco presenta: » NO PODEMOS CONSTAR  COMO FOWARDING AGENT – JAS FORWARDING SPAIN  SA  BARCELONA Y FIRMAR Y SELLAR COMO AS CARRIER»

Ciertamente el banco podría haber planteado esas otras cuestiones a las que Felix se refiere, pero no la hecho; es más en la forma en que formula «la objeción» da por valido que «formalmente» consta como «as carrier» y como «agente» sin plantear dudas sobre la identidad. Podríamos pensar que el banco señaló esa cuestion de identidad y que el consultante lo oculta… o que el banco se lo ha guardado….

 

Entiendo que es mejor mantenernos «estrictamente» en  la cuestion y la objeción planteadas. No valoramos el B/L en su totalidad .

 

Respecto  al apartado b) …si lees el parrafo anterior  la redacción que propones no encaja…

 

ME GUSTARÍA MAS OPINIONES AL RESPECTO PARA CERRAR LA PONENCIA; AUNQUE CREO QUE TODOS HAN DADO YA SU CONFORMIDAD SI HAY QUE ENMENDAR  SE ENMIENDA

 

Félix Casas:

No sé si el que falta soy yo aceptando que no se modifique la ponencia redactada por Saúl.

Como decía, era sólo una sugerencia, por lo que si el resto no se manifiesta a favor de incluir alguna de mis matizaciones debe querer decir que no están de acuerdo con incluirlas.

Por mi parte no voy a objetar nada más a la ponencia.