CONSULTA 348

Pregunta

El Grupo de Expertos del Comité Español de la CCI recibe la siguiente consulta de una entidad financiera española:

“En relación a una serie de avales emitidos bajo URDG a Rusia, siendo el avalado una empresa española.

En el año 2016 el avalado solicitó 5 avales para cubrir un contrato firmado ese mismo año con el beneficiario ruso, con vencimientos 2018 y 2019.

Recientemente se ha recibido una carta del propio avalado informando de la inclusión en SDN LIST del beneficiario de dichos avales, es decir, sancionado por OFAC por envío de mercancía con destino Crimea.

La EO 13685: establece expresamente la prohibición de realizar cualquier operativa con personas designadas, relación con:

  • Nuevas inversiones en Crimea
  • Importar, directa o indirectamente, cualquier tipo de bienes, servicios o tecnología en Crimea
  • Exportar, reexportar, vender, o suministrar cualquier tipo de bienes, servicios o tecnología a Crimea.
  • Financiar, aprobar, facilitar o garantizar cualquiera de las actividades anteriores.

El beneficiario de dichos avales ha sido incluido como SDN por OFAC por vulnerar el programa de sanciones Rusia-Ucrania. Este hecho implica que de manera estricta en cumplimiento de la normativa vigente, no se debería mantener ninguna relación directa o indirecta con la empresa designada.

La consulta es si se entiende que se pueden cancelar los avales unilateralmente, o si hay algún impedimento que no permita cancelar los mismos, aunque está claro que en caso de ejecución no se deberían pagar.”

Para una mejor compresión de la consulta:

  • SDN List: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (publicada por la OFAC)
  • OFAC: Office of Foreign Assets Control (dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos)

EO 13685: Executive Order Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine

Análisis

El artículo 4 de las URDG 758 establece en su epígrafe (b) que “una garantía es irrevocable desde su emisión incluso cuando no lo indique”. Una garantía sujeta a URDG 758 no podría, por tanto, ser cancelada unilateralmente por el garante.

El artículo 31 de estas reglas, de título “Indemnización por leyes y usos extranjeros”, dice que “la parte instructora o, en el caso de una contragarantía, el contragarante, indemnizarán al garante por todas sus obligaciones y responsabilidades impuestas por leyes y usos extranjeros…”.

Sin embargo, las reglas CCI, entre las que se encuentran las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento, publicación 758 (URDG 758), son normas privadas.

El “Guidance Paper On The Use Of Sanction Clauses In Trade Finance-Related Instruments Subject to ICC Rules”, documento publicado por la CCI en el año 2010 y revisado en el año 2014, aborda en su introducción este asunto, señalando, entre otros, que:

  • la exigibilidad legal de las sanciones es una cuestión que debe ser decidida por tribunales, reguladores nacionales o agencias administrativas según sea el caso,
  • la necesidad de imposición de sanciones es un asunto de orden político que está fuera del ámbito de la Cámara de Comercio Internacional,
  • las sanciones pueden restringir la capacidad de desempeño por parte de los bancos de su rol bajo las reglas CCI.

Respuesta

Aunque las reglas establecen la irrevocabilidad de la garantía desde su emisión, la interpretación o el impacto de la aplicación de sanciones internacionales no se aborda en el ámbito de la Cámara de Comercio Internacional o sus reglas.

La respuesta a la consulta planteada refleja el punto de vista de los componentes del Grupo de Expertos del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, no de la Comisión Bancaria de la CCI. Esta consulta y su Conclusión se toman en consideración, por la parte consultante, con carácter meramente informativo y, en su caso, deberá ser refrendada por la propia Comisión Bancaria en una próxima reunión de la misma.

La respuesta dada no debe ser interpretada en otro sentido distinto al indicado, es decir, servir de orientación a las partes y, por tanto, no tendrá implicaciones jurídicas.

Si el caso está en trámite judicial, el Grupo de expertos obviará cualquier opinión sobre el particular.

Ni el Comité Español ni ninguno de sus empleados, incluyendo al Presidente, Secretario y Vicesecretaria serán responsables ante ninguna persona física o jurídica por cualquier pérdida o daño surgido de cualquier acto u omisión relacionados con el punto de vista expresado.