¿Discrepancia si ya no es “sociedad unipersonal”?

Pregunta

Tenemos un cliente que ha recibido a través de nuestra Entidad varios standby Letter of credits a su favor y vigentes al día de hoy. Este cliente hasta hoy era una S.L. sociedad unipersonal y así figura en los SBLC como beneficiario. Ahora ha dejado de ser “sociedad unipersonal” aunque continúa teniendo el mismo NIF y dirección.

Es necesario que los bancos emisores de los SBLC modifiquen el campo 59 de los SBLC suprimiendo la mención “sociedad unipersonal” del nombre del beneficiario? En caso negativo, y en el supuesto de ejecución del SBLC los bancos emisores podrían poner discrepancia si la factura comercial ya no llevara esta mención?

Análisis

Los derechos que sobre un contrato mantiene una parte que ha sufrido una modificación en su nombre (por ejemplo, BENEFICIARIO), en su forma legal (S.L.) o, como en este caso, en la información adicional que debe acompañar a la forma legal cuando se trata de un único socio (sociedad unipersonal), son algo que las normas de la CCI no regulan ni pueden regular, sino que corresponde exclusivamente al derecho mercantil aplicable, y lo que allí se establezca tiene absoluta primacía sobre lo que pudiera disponer cualquier norma de la CCI.

Lo que las reglas de la CCI regulan –centrándonos en aquéllo que puede tener cierta relación con el caso planteado-, son las condiciones generales que deben cumplir los documentos para ser considerados conformes con los términos y condiciones del crédito. Es decir, cuáles son las normas que deben aplicar los bancos para determinar el cumplimiento de los documentos.

Sin embargo, en la consulta no se indica a qué normas están sujetas las cartas de crédito contingentes de referencia: UCP 500, UCP 600 o ISP 98, por lo que los artículos relevantes pueden variar según cada caso.

Por otro lado, tampoco se indica qué documentos son los requeridos, lo que también podría afectar a los artículos relevantes según el caso. Aunque al tratarse de una carta de crédito

contingente no resultaría inusual que la documentación a presentar consistiera en una declaración de incumplimiento emitida por el beneficiario, acompañada posiblemente de la factura o facturas impagadas.

Si están sujetos a las UCP 500, las normas para el examen de los documentos que deberán aplicar los bancos serán las recogidas en el artículo 13.a donde se indica que “la aparente conformidad de los documentos estipulados con los términos y condiciones del crédito se determinará en base a las prácticas bancarias internacionales, tal como se recogen en los presentes artículos” y posiblemente el artículo 37 relativo a facturas comerciales en que se indica que “las facturas comerciales deben, aparentemente haber sido emitidas por el beneficiario designado en el crédito”.

Además es conveniente acudir al artículo 2 en que se menciona al “beneficiario” como aquélla tercera parte a favor de la que el banco emisor se obliga a hacer un pago. También resulta relevante, en tanto que indica cómo deben entenderse las reglas, lo establecido en las ISBP (Prácticas bancarias internacionales estándar), en su versión para las UCP 500, en el punto 24 sobre la incoherencia de los documentos cuando se dice que “lo que se requiere no es que los datos contenidos sean idénticos, sino meramente que los documentos no sean incoherentes”.

En cuanto a las UCP 600, los artículos relevantes son el 2, tanto en la definición de “beneficiario” como “la parte a favor de la que se emite el crédito”, como en la definición de “presentación conforme” como “una presentación que es conforme con los términos y condiciones del crédito, con las disposiciones aplicables a estas reglas y con la práctica bancaria internacional estándar”.

También resulta relevante el artículo 14.d en el sentido que “los datos en un documento, cuando sean examinados en el contexto del crédito, del propio documento y de la práctica bancaria internacional estándar, no es necesario que sean idénticos, pero no pueden ser contradictorios, a los datos en ese documento, en cualquier otro documento requerido o en el crédito”. Asimismo el artículo 18.a relativo a que la factura comercial “debe, aparentemente, haber sido emitida por el beneficiario”.

Finalmente, en el caso de las ISP 98, el artículo 1.09.a define “beneficiario” como “la persona designada que ostenta el derecho de disposición al amparo del crédito contingente”. Por su parte el artículo 4.01 indica que “la aparente conformidad de una presentación viene determinada por el examen de la presentación en su apariencia, según los términos y condiciones estipulados en el crédito contingente, interpretados y complementados por estas reglas, que deben interpretarse en el contexto de los usos estándar de los créditos contingentes”.

A pesar de las diferencias formales en el redactado para cada una de las normas, existen coincidencias en cuanto al contenido y que pueden resultar relevantes a los efectos del caso planteado:

1) El beneficiario es una parte en una relación, y no una simple secuencia de letras o signos. En tanto que parte en dicha relación, viene definida por unos derechos y unas obligaciones, por tanto si la ley aplicable al cambio de denominación de BENEFICIARIO, S.L. (sociedad unipersonal) a BENEFICIARIO, S.L. no resta ningún derecho ni añade ninguna obligación al sujeto de dicho cambio en el marco de dicho contrato, habrá que entender que la parte es exactamente la misma.

2) Un documento debe ser examinado en un contexto en el que no necesariamente será exigible la plena identidad de datos, aunque sí la ausencia de contradicciones o incoherencias. Desde este punto de vista, la aparición o no del dato relativo al número de accionistas que, según la Ley española, debe acompañar a la forma legal de la sociedad, no crea contradicción o incoherencia alguna a los efectos tanto de las UCP 500, como de las UCP 600 o de las ISP 98.

Por otro lado es perfectamente posible que se efectúen diversas reclamaciones al amparo de en un mismo crédito contingente. Dichas reclamaciones pueden corresponder a facturas impagadas emitidas en diversos momentos, antes o después del cambio de denominación. En estos casos, si la literalidad de la denominación fuera exigible sin más, se produciría una pérdida de derechos absolutamente injustificable.

Finalmente, si bien las normas de la CCI no indican nada respecto al cambio de denominación del beneficiario y su relación con los derechos y deberes, en las ISP98 podemos encontrar en su artículo 4.14 una norma que nos permite establecer una cierta analogía: “si el emisor o el confirmante cambian su organización, se fusionan o cambian su nombre, cualquier referencia al nombre del emisor o del confirmante en los documentos presentados puede hacerse tanto a éste como a su sucesor”.

Respuesta

Por unanimidad, los miembros del grupo entienden que la continuidad de derechos derivado del cambio de denominación es un asunto ajeno a las UCP o a las ISP, y que debe determinarse de acuerdo con la Ley aplicable. En consecuencia se recomienda a la entidad consultante que acuda a sus servicios de asesoría jurídica a este respecto.

Por mayoría, los miembros del grupo entienden que, en el marco de las UCP o las ISP, no resulta necesario que los bancos emisores procedan a la modificación del nombre del beneficiario en los créditos contingentes y que, en consecuencia y para este caso, la diferencia de denominación de BENEFICIARIO, S.L. (sociedad unipersonal) por BENEFICIARIO, S.L. no constituiría motivo suficiente de discrepancia.

La respuesta a la consulta planteada refleja el punto de vista de los componentes del Grupo de Expertos del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, no de la Comisión Bancaria de la CCI. Esta consulta y su Conclusión se toman en consideración con carácter meramente ilustrativo y, en su caso, deberán ser refrendadas por la propia Comisión Bancaria en una próxima reunión de la misma.

La respuesta dada no debe ser interpretada en otro sentido distinto al indicado, es decir, servir de orientación a las partes y, por tanto, no tendrá implicaciones jurídicas.

Ni el Comité Español ni ninguno de sus empleados, incluyendo al Presidente, Secretario, Vicesecretario y Asesora Técnica, serán responsables ante ninguna persona física o jurídica por cualquier pérdida o daño surgido de cualquier acto u omisión relacionados con el punto de vista expresado.

¿Discrepancia si ya no es “sociedad unipersonal”?